Se aspira a la transformación de una economía venezolana mixta en una economía de mercado que permita un crecimiento económico apoyado en la sustitución de importaciones tradicionales principalmente del petróleo.
El estado se encontró en la necesidad de abandonar el intervencionismo económico y social que realizaba apoyado en la renta petrolera comercial tendiente a incentivar la producción nacional y la aplicación de una política arancelaria que favorecía las importaciones y así crear la competencia.
La aplicación de las medidas económicas desatan la especulación y el desabastecimiento, caída del salario real y subida de precios sin aumento del salario. Los efectos devastadores de las medidas económicas condujeron al estallido social desorganizado del 27 de febrero de 1.989, y a dos intentonas golpistas en 1.992.
Controlados los brotes golpistas y subversivos siguió la intranquilidad política, ya que en diciembre de 1.992 algunos dirigentes de partidos de oposición introdujeron en la Corte Suprema de Justicia una acusación contra el Presidente Pérez por uso indebido de la partida secreta y en Mayo de 1.993, la corte declaro que había meritos para enjuiciar al Presidente y este fue suspendido de sus funciones.
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